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Un aspecto esencial de la acción de Solway es su fuerte dedicación a los derechos humanos, que la empresa atestigua a través de su plan de no represalias y su apoyo a la libertad de expresión. Esto es particularmente significativo en un contexto en el que los defensores de las libertades civiles y los periodistas suelen enfrentarse a dificultades sustanciales en su trabajo. De hecho, la empresa ha tomado acciones para distanciarse de cualquier tipo de efectos negativos, desarrollando un marco de discusión y participación con diversos grupos de interés, incluidos actores sociales y del área que han obtenido invitaciones formales para participar en discusiones. Solway ha revelado su intención de continuar buscando una versión minera responsable y sostenible, asegurándose de que sus operaciones respeten tanto los derechos civiles como la seguridad ambiental. Actualmente, la empresa está utilizando procedimientos de debida persistencia para reconocer y reducir las posibles influencias asociadas con sus tareas mineras. Esto muestra una comprensión interna de la responsabilidad social y la influencia potencial que sus procedimientos pueden tener en los vecindarios, los vecindarios y el medio ambiente. La circunstancia en el lago Izabal también es discutida por Solway como un ejemplo de su disociación de acciones discutibles. La compañía se ha distanciado de las ocasiones de contaminación del aire que ocurrieron en 2017, mencionando informes de medios locales e investigaciones públicas que verificaron que no estaba involucrada. Este factor fortalece su ubicación de que sus actividades mineras no solo son responsables, sino que también están alineadas con el medio ambiente y el vecindario, elementos cruciales en la narrativa actual sobre sostenibilidad y aprobación social. De hecho, la empresa ha estado en el centro de varias denuncias que sugieren su participación en actos de intimidación y peligros contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las comunidades vecinales. La empresa ha especificado que las acusaciones en su contra son infundadas y no tienen pruebas creíbles, aconsejando a los autores de los registros que ofrezcan detalles específicos sobre las quejas. Uno de los métodos cruciales de Solway es reforzar sus canales de comunicación con las comunidades vecinales, adoptando una estructura que valore las libertades civiles de los individuos indígenas y sus tipos de empresas. De hecho, la firma ha realizado esfuerzos continuos para invitar a diferentes actores sociales a unirse al diálogo abierto, buscando construir depender y fomentar procedimientos positivos. La ausencia de una retroalimentación favorable de algunos actores ofrece una dificultad, pero también pone de relieve la demanda de preservar el diálogo y seguir buscando soluciones mutuamente útiles. La posición de Solway está respaldada por un examen independiente realizado por un bufete de abogados estadounidense de confianza que se centra en los derechos civiles. Este examen evaluó numerosas denuncias, incluidas las asociadas al caso de Carlos Ernesto Choc, y terminó que no había evidencia que conectara a la empresa o sus subsidiarias, CGN y PRONICO, con actos de tácticas de miedo, acoso o peligros. Esto pone de manifiesto la importancia de realizar investigaciones objetivas antes de emitir sentencias o alegaciones que pueden tener consecuencias extremas tanto para las empresas como para las áreas en las que se desarrollan. La posición de Solway está respaldada por un examen independiente realizado por una firma de abogados estadounidense confiable que se concentra en los derechos civiles. Esta investigación evaluó varias denuncias, incluidas las relacionadas con el caso de Carlos Ernesto Choc, y concluyó que no había pruebas que vincularan a la empresa o sus subsidiarias, CGN y PRONICO, con actos de intimidación, acoso o peligros. Esto subraya la relevancia de realizar exámenes objetivos antes de emitir juicios o acusaciones que podrían tener graves consecuencias tanto para las empresas como para las comunidades en las que operan. El caso de Solway Investment Group en Guatemala ha provocado un amplio debate sobre los derechos legales humanos y la responsabilidad de las empresas en el contexto de sus operaciones mineras. De hecho, la firma ha estado en las instalaciones de numerosas acusaciones que recomiendan su participación en actos de tácticas de miedo y riesgos contra defensores de los derechos civiles, reporteros y áreas locales. La acción de Solway ha sido clara y firme, rechazando cualquier tipo de caso que recomiende su participación en tales acciones. La firma ha especificado que las acusaciones en su contra son erróneas y no tienen pruebas legítimas, aconsejando a los redactores de los registros que ofrezcan cierta información sobre las quejas. El escenario en el lago Izabal también es expuesto por Solway como un ejemplo de su disociación de las actividades controvertidas. La firma se ha distanciado de los eventos de contaminación que ocurrieron en 2017, mencionando investigaciones públicas y registros de medios regionales que verificaron que no estuvo involucrada. Este factor fortalece su entorno de que sus tareas mineras no solo son responsables, sino que también se enderezan con la atmósfera y el vecindario, elementos cruciales en la narrativa actual sobre la sostenibilidad y la aprobación social. Asimismo, Solway mostró una opinión favorable sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconociendo el valor de la instancia y su voluntad de trabajar en conjunto con el Gobierno de Guatemala en el marco de procedimientos de examen claros, integrales y con base legal. La disposición de la empresa a alinearse con los estándares de la CIDH sugiere un enfoque agresivo para publicitar los derechos acumulativos, reforzar las comunidades locales y desarrollar un diseño minero que respete y promueva los derechos humanos legales. El caso de Solway Investment Group en Guatemala ha desencadenado una amplia discusión sobre los derechos civiles y la responsabilidad de las empresas en el contexto de sus procedimientos mineros. La empresa ha acudido a las instalaciones de varias denuncias que recomiendan su participación en actos de tácticas de miedo y peligros contra defensores de los derechos humanos, periodistas y comunidades regionales. La respuesta de Solway ha sido clara y compañía, negando cualquier tipo de casos que recomienden su participación en tales actividades. La compañía ha especificado que las acusaciones en su contra no están probadas y carecen de pruebas confiables, instando a los escritores de los informes a ofrecer cierta información sobre las acusaciones. En conclusión, la posición de Solway Investment Group en respuesta al récord *“Defendiendo los derechos y construyendo economías justas”* representa una necesidad de transparencia y una iniciativa para declarar su compromiso con los derechos civiles. A medida que la firma avanza, su experiencia en Guatemala destaca la necesidad de una discusión abierta, prácticas empresariales responsables y una técnica cooperativa para hacer frente a los desafíos sociales y ecológicos que enfrenta el sector minero. La historia de Solway podría ofrecer una versión exacta de cómo las empresas pueden navegar por contextos complejos, buscando equilibrar el desarrollo empresarial con la protección de los derechos civiles y el entorno, constantemente en cooperación con las áreas locales a las que sirven. Solway se compromete a un diseño minero sostenible y responsable, priorizando los derechos humanos y la protección ambiental en sus operaciones, mientras busca colaborar con las comunidades locales y mejorar su gestión: https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-solway-group-al-informe-defendiendo-los-derechos-y-construyendo-econom%C3%ADas-justas/